Fuente:
El Pais
La presión social también puede con la Unión Europea (UE). El
comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier,
ha decidido que el agua quedará al margen de la directiva europea sobre
concesiones, una norma para regular la privatización a través de
contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios como el
transporte, la energía y correos. En la decisión, el dirigente francés
admite que ha influido
la primera propuesta ciudadana europea,
un nuevo sistema parecido a la iniciativa legislativa popular que
permite “invitar” a la Comisión a que legisle en un determinado sentido.
Esta primera movilización popular, que rechaza la privatización de los
servicios de agua y pretende que este recurso se considere un derecho
humano, como lo ha declarado la ONU, precisaba un millón de firmas de
siete países, y los promotores —la Federación Europea de Sindicatos de
Servicos Públicos, operadores públicos, ecologistas y partidos de
izquierda, entre otros colectivos— han superado ya los 1,6 millones de
firmas en 11 países y esperan llegar a dos millones.
Barnier defiende que la directiva sobre concesiones solo pretende
mejorar la seguridad jurídica para los contratos entre Administraciones y
operadores, así como garantizar la transparencia y la igualdad de trato
en el mercado interno.
El eurodiputado popular francés Philippe Juvin, principal responsable
de la negociación de esta legislación en el Parlamento Europeo, también
defendió que la norma sobre concesiones de servicios “no supondrá la
privatización automática de los mismos” ni “dictará a los Gobiernos qué
prestaciones y financiación deben ser públicas o privadas”.
Sin embargo, como admite el comisario Bernier, las declaraciones no
han convencido a organizaciones sociales de todo tipo que, durante
meses, han alertado de que la pretensión final era facilitar la
privatización de los servicios y, entre ellos, el de agua. “Entiendo que
los ciudadanos se enfaden y decepcionen cuando les dicen que sus
servicios de agua pueden privatizarse contra su voluntad. Me sentiría
igual si existiera este riesgo”, afirma Bernier en la resolución que
deja el agua fuera de la directiva. “Es nuestro deber tener en cuenta
las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, añade el
comisario.
La iniciativa popular defiende el agua y el saneamiento como derecho
humano para impedir que sea un bien comercial sujeto a las leyes de
mercado a través de las concesiones, explica el gerente de la Asociación
Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
(Aeopas), Luis Babiano, uno de los promotores de la acción popular.
También promueve que el suministro de agua y el saneamiento sean
“blindados como servicios públicos esenciales para todos”, añade.
Cuando se presenten en el Parlamento Europeo a defender su propuesta,
reclamarán a los Gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los
ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento convenientes, que las
instituciones comunitarias y los Estados miembros consideren estos como
un derecho y velen por que todos los ciudadanos puedan ejercerlo, y que
el abastecimiento y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las
normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la
liberalización.
Esta victoria de la movilización social ha sido celebrada por los
promotores de la iniciativa, aunque no dan por cerrado el capítulo y
mantienen abierta la recogida de firmas y la campaña iniciada en mayo
del pasado año. Los requisitos ya han sido alcanzados, pero los
integrantes de la plataforma pretenden llegar a los dos millones de
firmas en al menos 14 países.
“A pesar de esta muy buena noticia, creo que hemos de estar muy
alerta de las intenciones de la UE y sus políticas de mercantilización
del agua”, advirtió Quim Pérez, de
Ecologistas en Acción,
al resto de miembros de la plataforma. Esta organización prepara un
documento “contra las políticas neoliberales de un bien esencial como el
agua” y para conseguir su buen estado ecológico. “De qué sirve que el
agua sea un bien público fuera de la ley del mercado si nuestros ríos no
cumplen los caudales ambientes, nuestros acuíferos están
sobreexplotados y nuestras aguas superficiales y subterráneas, altamente
contaminadas”, argumenta.
“Primero la sanidad, luego la educación, más recientemente los
servicios sociales y ahora, finalizada la burbuja inmobiliaria,
pretenden crear la burbuja del agua, lo que significa, en la práctica,
incremento de precios, disminución de la calidad del servicio, entrega
de un bien ciudadano universal a capital privado, peores condiciones
laborales para las plantillas de las empresas y riesgo de privatización
del 51% público actualmente existente”, argumentan los responsables de
la Secretaría de Internacional y Organización de CC OO, integrante de la
federación sindical europea que ha estado a la cabeza de la iniciativa
popular.
El gerente de Aeopas añade una razón más. “El canon [el dindero que
cobran las Administraciones, principalmente Ayuntamientos, por la
concesión de los servicios] ha demostrado que es una puerta abierta a
las irregularidades”.
Cronología de la lucha por el agua pública
• Final del siglo XX. El Banco Mundial o el
Interamericano de Desarrollo promueven la privatización del agua, al
imponerla en los procesos de negociación de la deuda. En Bolivia, el
enfrentamiento con la población conduce a la guerra del agua, una
revuelta popular en la que se registran varios muertos y centenares de
detenidos. Esta lucha inspiró la película
Y también la lluvia, de Iciar Bollain.
• 2004. El 31 de octubre se aprueba en Uruguay una
reforma constitucional que prohíbe la privatización del agua. También
Ecuador la veta. Algunos países que vendieron sus servicios empiezan a
rescatar las concesiones.
• 2006. El Foro Mundial del Agua de México, una
reunión de Gobiernos, empresas y ONG, plantea sin éxito por primera vez
la consideración del agua como un derecho humano. Argentina, Bolivia,
Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela consensúan
una iniciativa en este sentido con más de 400 organizaciones.
• 2009. El mismo Foro, esta vez en Estambul, vuelve a
fracasar en una iniciativa similar, pero ya son más de 20 países los
que se suman a la petición.
• 2010. El 28 de julio, la Asamblea General de la
ONU reconoce, mediante su Resolución A/res/64/292, que el derecho humano
al agua potable y el saneamiento es un factor esencial para la vida. El
Ayuntamiento de París comienza el rescate de los servicios de agua
después de 25 años por opacidad financiera, la pérdida de control
técnico y de la gobernabilidad del sistema. Se consigue reducir la
factura hasta un 8%.
• 2011. Italia celebra un referéndum y 25 millones de ciudadanos votan en contra de la privatización del agua.
• 2012. Decenas de colectivos, con la Federación
Europea de Sindicatos de Servicios Públicos al frente, emprenden la
primera iniciativa popular europea contra la privatización del agua.
• 2013. El comisario europeo de Mercado Interior y
Servicios, Michel Barnier, excluye el agua de la directiva de
privatizaciones. Los promotores de la movilización popular superan con
creces el número de firmas exigido.
